Un magistrado federal en Seattle dictó una orden de restricción provisional que impide la implementación de una reciente orden ejecutiva promulgada por el exmandatario Donald Trump. Esta disposición buscaba restringir el derecho a la ciudadanía automática por nacimiento en el país, lo que provocó una fuerte controversia y un amplio rechazo por parte de grupos de derechos civiles, fiscales generales y diversos estados encabezados por demócratas.
Aspectos de la orden ejecutiva
La medida ejecutiva intentaba impedir que los hijos de individuos sin documentación o con visas temporales nacidos en territorio estadounidense adquirieran automáticamente la ciudadanía, a menos que al menos uno de los progenitores fuera ciudadano de Estados Unidos o residente permanente legal. Esta política, denominada “Protección del significado y valor de la ciudadanía estadounidense”, desafiaba frontalmente la interpretación tradicional de la 14ª Enmienda de la Constitución, que asegura la ciudadanía por derecho de nacimiento.
La orden ejecutiva buscaba evitar que los hijos de personas indocumentadas o con visas temporales nacidos en suelo estadounidense obtuvieran automáticamente la ciudadanía, salvo que al menos uno de los padres fuera ciudadano estadounidense o residente permanente legal. Esta política, titulada “Protección del significado y el valor de la ciudadanía estadounidense”, desafiaba directamente la interpretación histórica de la 14ª Enmienda de la Constitución, que garantiza la ciudadanía por derecho de nacimiento.
La 14ª Enmienda de la Constitución, adoptada en 1868 después de la Guerra Civil, declara que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del estado donde habitan”. Este principio ha sido ratificado en veredictos anteriores del Tribunal Supremo, como el caso de 1898 que validó la aplicación de la ciudadanía por nacimiento a los descendientes de inmigrantes.
La medida ejecutiva fue de inmediato calificada como inconstitucional por varios colectivos, entre ellos 22 fiscales generales estatales y diversas organizaciones de derechos civiles, quienes sostuvieron que el presidente carece de autoridad para modificar o revocar una enmienda constitucional.
Primer fallo judicial
El magistrado federal John Coughenour, al dictar su orden de restricción, describió la medida de Trump como “claramente inconstitucional”. La demanda legal en Seattle fue interpuesta por los estados de Arizona, Illinois, Oregón y Washington, los cuales argumentan que la orden infringe derechos fundamentales y podría causar un impacto considerable en las jurisdicciones locales, incluida la pérdida de fondos federales para programas destinados a la infancia.
Asimismo, un grupo de 18 estados interpuso una demanda similar en Massachusetts, alegando que la orden no solo infringe los derechos constitucionales de miles de niños, sino que también impone costos indebidos a las comunidades afectadas.
Además, una coalición de 18 estados presentó una demanda similar en Massachusetts, alegando que la orden no solo viola los derechos constitucionales de miles de niños, sino que también impone costos indebidos a las localidades afectadas.
El principio de ciudadanía por nacimiento ha sido esencial en Estados Unidos desde la implementación de la 14ª Enmienda. Dicha enmienda fue creada para asegurar que los afroamericanos emancipados tras la abolición de la esclavitud fueran reconocidos como ciudadanos plenos. Desde entonces, ha constituido un pilar central de la identidad constitucional de la nación.
Aunque durante su primer mandato Trump había advertido con adoptar medidas para restringir este derecho, nunca las llevó a cabo. La reciente orden ejecutiva marca el primer intento formal de reducir este principio a través de una acción directa del Ejecutivo, generando una serie de reacciones legales y políticas.
La discusión sobre la ciudadanía por nacimiento
Quienes apoyan políticas migratorias más estrictas sostienen que la ciudadanía por nacimiento fomenta el “turismo de natalidad” y la inmigración ilegal, sugiriendo que numerosas mujeres embarazadas cruzan la frontera para que sus hijos nazcan en Estados Unidos y adquieran automáticamente la ciudadanía. No obstante, expertos constitucionales y juristas han indicado que cualquier modificación de este principio necesitaría una enmienda constitucional o un fallo del Tribunal Supremo, y no podría ser impuesta unilateralmente por el presidente a través de una orden ejecutiva.
Consecuencias futuras
La decisión del magistrado Coughenour señala el comienzo de lo que se prevé será una prolongada disputa legal sobre la interpretación y aplicación de la 14ª Enmienda. A medida que las demandas progresen en el sistema judicial, se anticipa que el caso llegará finalmente al Tribunal Supremo, donde se decidirá la constitucionalidad de esta polémica medida.
El fallo del juez Coughenour marca el inicio de lo que se anticipa será una larga batalla legal en torno a la interpretación y aplicación de la 14ª Enmienda. A medida que las demandas avancen en el sistema judicial, se espera que el caso llegue eventualmente al Tribunal Supremo, donde se determinará la constitucionalidad de esta controvertida medida.
La decisión del tribunal de Seattle refleja el compromiso continuo de los estados y grupos de derechos civiles por defender los principios constitucionales establecidos y proteger los derechos de los niños nacidos en Estados Unidos. Mientras tanto, la política de Trump sigue siendo objeto de un intenso debate nacional, con implicaciones profundas para la identidad y los valores democráticos del país.
