La incorporación de inteligencia artificial (IA) en el ámbito público en México ha experimentado un notable aumento en tiempos recientes. No obstante, este progreso tecnológico ha venido con inquietudes sobre la claridad y la responsabilidad en su aplicación dentro de las entidades del gobierno.
Situación actual de la IA en el ámbito público mexicano
Científicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) han detectado al menos 119 usos de IA en funcionamiento dentro de los tres poderes de la Unión y los tres niveles de gobierno en México. Estas herramientas incluyen desde chatbots para servicio al ciudadano hasta sistemas de análisis de datos para apoyar en la toma de decisiones. No obstante, acceder a detalles específicos sobre estas aplicaciones ha resultado complicado debido a la falta de transparencia y la reticencia de ciertas instituciones a ofrecer información precisa sobre su utilización y operativa.
Retos en la claridad y disponibilidad de la información
Con el objetivo de promover la transparencia, académicos del CIDE elaboraron un registro de los algoritmos empleados por el sector público en México. Este proyecto tiene como finalidad documentar las aplicaciones de IA en distintas entidades y señalar los obstáculos para acceder a información crucial sobre su uso, regulación y objetivos. Durante la fase de recolección de datos, se enviaron alrededor de 2,200 solicitudes de transparencia a organismos públicos. No obstante, numerosas dependencias mostraron resistencia al proporcionar información o contestaron de manera vaga. En algunas situaciones, las instituciones solo admitieron el uso de IA tras la presentación de recursos de revisión frente a los órganos de transparencia. Estados como el Estado de México y Nayarit sobresalieron por su falta de respuesta general.
Para fomentar la transparencia, académicos del CIDE desarrollaron un registro de algoritmos utilizados por el sector público en México. Este proyecto busca documentar las aplicaciones de IA presentes en diversas dependencias y resaltar los desafíos para acceder a información clave sobre su uso, regulación y objetivos. Durante la recopilación de datos, se enviaron aproximadamente 2,200 solicitudes de transparencia a entidades públicas. Sin embargo, muchas dependencias fueron renuentes a proporcionar información o respondieron de manera imprecisa. En algunos casos, las instituciones solo reconocieron el uso de IA tras presentar recursos de revisión ante los organismos de transparencia. Estados como el Estado de México y Nayarit destacaron por su falta de respuesta generalizada.
Desinformación y falta de comprensión sobre la IA
Otro problema identificado es la falta de conocimiento dentro de las propias instituciones sobre qué constituye una aplicación de IA. En muchas respuestas a solicitudes de transparencia, las dependencias listaron herramientas de software tradicional, como suites de oficina o programas de ciberseguridad, como si se tratara de inteligencia artificial. En total, 223 aplicaciones reportadas no cumplían con los criterios básicos para ser consideradas IA, lo que refleja un problema de desinformación incluso en áreas de tecnología de la información dentro del gobierno.
El empleo de IA en el ámbito público también ha suscitado debates éticos sobre privacidad, transparencia, responsabilidad y el derecho al acceso a la información. La falta de claridad en los algoritmos puede minar la confianza de la población en estas herramientas, particularmente si no se conocen los criterios que guían su funcionamiento o si presentan sesgos que podrían desembocar en decisiones discriminatorias. Por ejemplo, durante la pandemia de COVID-19, se pusieron en marcha chatbots como “Susana Distancia” y “Dr. Armando Vaccuno” para orientar a la ciudadanía. No obstante, surgieron inquietudes éticas respecto a la transparencia y privacidad en su utilización, lo que resultó en una disminución de la confianza y uso por parte del público.
Urgencia de un marco normativo apropiado
Necesidad de un marco regulatorio adecuado
La falta de transparencia en el uso de IA por parte de los gobiernos resalta la necesidad de establecer marcos regulatorios que garanticen la auditabilidad y responsabilidad en el uso de estas tecnologías. Es esencial analizar las legislaciones en diferentes ámbitos e identificar cómo podrían ser utilizadas adecuadamente para garantizar que la implementación de IA respete los derechos de la ciudadanía y opere de manera ética y transparente.
